Redacción. Tras la aparición de mantas con amenazas de muerte contra el secretario de Obras Públicas de Chilpancingo, Juan Antonio Luquín, el gobierno de Evelyn Salgado lanzó un llamado urgente al alcalde Gustavo Alarcón, para que actúe con responsabilidad y canalice los hechos por la vía legal.

Las lonas, que vinculan al funcionario con el grupo delictivo Los Ardillos, desataron una crisis institucional que el gobierno estatal considera mal manejada por el Ayuntamiento.

El subsecretario de Desarrollo Político, Francisco Rodríguez Cisneros, criticó que el comunicado oficial haya sido emitido por la Dirección de Obras y no por el Cabildo o el propio alcalde, lo que evidencia una falta de seriedad ante un caso que involucra una presunta extorsión por 33 millones de pesos.

Hasta ahora, no existen denuncias formales ante la Fiscalía General del Estado, lo que impide abrir investigaciones. El gobierno estatal insiste: la seguridad no se atiende con boletines, sino con acciones legales y coordinación institucional.