Redacción / Acapulco. La administración municipal de Acapulco enfrenta un escenario de alto riesgo tras la reactivación de un laudo laboral por 100 millones de pesos a favor de una ex trabajadora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), según resolvió la Suprema Corte.

La deuda, cuyo origen se remonta a 2009, incluso mencionando un presunto «favor» para obtener una Visa, obliga al Ayuntamiento a prever serios recortes presupuestales en el siguiente trimestre. El caso es crítico, pues el entonces secretario general, Juan José Ayala Villaseñor, advirtió en Cabildo (en agosto de 2023) que la inejecución del pago podría derivar en la destitución del Cabildo en pleno.

Ante la amenaza, y luego de un frustrado intento de embargo el jueves pasado, la alcaldesa López Rodríguez, quien ha calificado el hecho como «inmoral», anunció la revisión de cauces legales para evitar este pago que pondría en jaque las finanzas locales, ya de por sí golpeadas por la crítica situación financiera de CAPAMA.