Redacción / Acapulco. La tensión social escaló en el puerto: trabajadores sindicalizados de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) tomaron las instalaciones del Ayuntamiento para presionar por sus derechos laborales y financieros.

En la protesta, que se suma a la crónica inestabilidad financiera del organismo, se exige una audiencia urgente con la alcaldesa Abelina López Rodríguez. La demanda central no es menor: el sindicato acusa a la paramunicipal de retener cuotas obrero-patronales que sí se descuentan a los empleados, afectando sus prestaciones y seguridad social.

Este conflicto laboral y financiero se debe la fragilidad en el manejo de los recursos públicos, una gestión deficiente que, según voces internas, se debe a los altos salarios de funcionarios. Los manifestantes advierten que, de no ser escuchados, radicalizarán su movimiento, lo que pondría en riesgo la operación del servicio esencial de agua potable en el puerto.