Redacción / Acapulco. La remodelación del Mercado de Artesanías de la Diana Cazadora, impulsada por un convenio entre el Ayuntamiento de Acapulco y el empresario Carlos Slim, ha escalado a instancias penales. Durante una audiencia en el Centro de Justicia Alternativa, la secretaria de Obras Públicas, María Mélida Campos, admitió que el proyecto avanza bajo un esquema de escrituración que, según denuncias, carece de documentación legal sólida.

El conflicto surgió tras la denuncia del locatario Policarpio Pineda por daños a su propiedad. El caso ha expuesto irregularidades en la emisión de licencias de construcción y un proceso de asignación de locales que el propio afectado califica de discrecional, invitando incluso a vendedores de playa a solicitar espacios «gratuitos» ante la falta de control.

Sin acuerdo conciliatorio, la próxima cita judicial será el 3 de febrero. Este proyecto forma parte del plan de rescate del Acapulco Tradicional, pero la opacidad en los trámites legales amenaza con frenar la inversión privada.